Redacción Código Salud.
Bogotá.
Un ciberataque contra una institución de salud no necesita borrar una historia clínica para generar un riesgo. Basta con impedir que un médico pueda consultar a tiempo una alergia, un medicamento, un antecedente o un resultado de laboratorio.
La situación ya no es hipotética. En Colombia, la Superintendencia Nacional de Salud reportó en marzo de 2026 más de 23 millones de intentos de ciberataque contra su infraestructura tecnológica durante un solo mes. Posteriormente confirmó accesos no autorizados a su sistema de gestión documental SUPERARGO y la descarga de información equivalente al 1,6 % de su base documental, relacionada con peticiones, quejas, reclamos y denuncias que podían contener datos personales y sensibles.
El episodio puso nuevamente sobre la mesa la cantidad de información sensible que circula por el sistema de salud: datos personales, documentos, resultados, antecedentes y registros que pasan por EPS, IPS, laboratorios y diferentes operadores tecnológicos.
¿Por qué un ciberataque puede convertirse en un riesgo para la atención?
La transformación digital ha hecho que buena parte de la atención dependa de sistemas informáticos. Allí se consultan historias clínicas, se formulan medicamentos, se gestionan remisiones, se revisan resultados y se programan procedimientos.
Cuando una plataforma deja de funcionar, el problema no necesariamente es que la información haya desaparecido. Puede seguir almacenada, pero ser inaccesible en el momento en que se necesita.
“Cuanto más depende una institución de sus plataformas para formular, remitir, entregar medicamentos, consultar antecedentes o programar procedimientos, mayor es el impacto de una interrupción”, Dorian Rallón, CEO de Biofile.
El panorama internacional también muestra la magnitud del problema. Comparitech registró 410 ataques de ransomware contra organizaciones del sector salud durante el primer semestre de 2026, equivalentes a un promedio de 2,3 incidentes diarios. De ellos, 247 afectaron hospitales, clínicas y otros prestadores directos.
¿Qué pueden hacer pacientes e instituciones?
Para los usuarios, algunas medidas básicas ayudan a reducir riesgos: ingresar únicamente a portales oficiales, evitar reutilizar contraseñas, activar la verificación en dos pasos y desconfiar de mensajes que soliciten códigos, claves o información clínica.
También es importante evitar enviar historias clínicas completas por canales personales cuando exista una alternativa institucional segura.
Para hospitales y clínicas, la protección requiere medidas más amplias: copias de seguridad probadas, accesos restringidos, monitoreo de comportamientos anómalos y planes de contingencia que realmente hayan sido practicados.
“No debería ser necesario escoger entre velocidad y privacidad: en salud se necesitan ambas”, sostiene Rallón.
La pregunta fundamental, entonces, no es solamente cuántos sistemas digitales tiene una institución. Es cuánto tiempo puede mantener la atención si uno de ellos deja de funcionar. Porque en salud, proteger un dato también significa proteger la decisión clínica que depende de él.
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